I
Es urgente enfrentar la crisis universitaria para que no desemboque en una crisis general de la sociedad, como ocurrió con las Jornadas de Marzo y Abril de 1962. Por ello, es motivo de alegría la iniciativa lanzada por 25 universitarios con su "propuesta para propiciar el diálogo en la Universidad de San Carlos de Guatemala". Tengo la confianza de que la reunión del 19 de agosto será el punto de partida para que toda la comunidad universitaria participe en la necesaria transformación de la Usac.
No obstante, hay que resolver, de inmediato, la crisis universitaria desatada por los Estudiantes por la Autonomía (EPA). Se reconoce la validez de sus planteamientos y se lamenta que sectores de poder dentro de la Usac hayan respondido con violencia física, en algunos casos apoyados, irresponsablemente, por fuerzas de seguridad del país.
Recordemos los planteamientos de EPA, a los cuales es posible dar respuesta inmediata y positiva:
1. "Exigimos la restitución de los derechos estudiantiles, en la elección de vocal I y vocal II, ya que fueron despojados". El CSU debe comunicar a la Corte de Constitucionalidad que, en tanto se revisa la Ley Orgánica de la Usac, dichas elecciones continuarán de la manera como aparecen en la Ley Orgánica vigente.
2. "La Revisión al proceso de admisión a la Universidad". Es fundamental que, en dos meses, se presente una propuesta de nuevo proceso, que busque la efectiva democratización de la Usac y no sea selectivo y excluyente.
3. "La Revisión del plan de repitencia y, mientras éste se revisa, que sea suspendido". Favorecemos la racionalización de la modalidad de repitencia, pero el proceso no puede ser antojadizo ante la situación social, económica y política del país. Corresponde la suspensión inmediata y una nueva propuesta, para 2011.
4. "Que el Consejo Superior Universitario (CSU) haga un pronunciamiento público exigiendo el 5% del presupuesto General de la Nación como dicta nuestra Constitución". Es obligado dicho pronunciamiento, así como un recurso legal frente al Estado por no acatar dicho mandato constitucional.
5. "Dado el entorpecimiento por parte de las autoridades de los procesos electorales, se exigen elecciones inmediatas en las diferentes unidades académicas". El CSU debe nombrar una Comisión de Notables (universitarios y figuras nacionales) para velar por procesos electorales apegados a la ética y realizados con total transparencia.
6. "Nos solidarizamos con el Sindicato de Trabajadores de la Usac y se apoya el pacto colectivo". No puede existir un sector universitario que dé la espalda a los intereses justos de los trabajadores; la mejor modalidad para hacerlos efectivos es por la vía del pacto colectivo.
7. "Se pide el respeto de los derechos laborales por parte de nuestras autoridades, ya que un gran número de trabajadores fue despedido injustificadamente y bajo represión política". Los derechos humanos, incluidos los laborales, son sagrados. Cualquier autoridad que caiga en su violación debe ser sancionada. Hay que buscar un mecanismo de solución de casos que goce de la confianza de los afectados.
Dar respuesta a las peticiones de EPA es un primer paso impostergable e imprescindible para salir de la crisis. Se pide al CSU que muestre cordura y tolerancia.
Recordemos los planteamientos de EPA, a los cuales es posible dar respuesta inmediata y positiva:
1. "Exigimos la restitución de los derechos estudiantiles, en la elección de vocal I y vocal II, ya que fueron despojados". El CSU debe comunicar a la Corte de Constitucionalidad que, en tanto se revisa la Ley Orgánica de la Usac, dichas elecciones continuarán de la manera como aparecen en la Ley Orgánica vigente.
2. "La Revisión al proceso de admisión a la Universidad". Es fundamental que, en dos meses, se presente una propuesta de nuevo proceso, que busque la efectiva democratización de la Usac y no sea selectivo y excluyente.
3. "La Revisión del plan de repitencia y, mientras éste se revisa, que sea suspendido". Favorecemos la racionalización de la modalidad de repitencia, pero el proceso no puede ser antojadizo ante la situación social, económica y política del país. Corresponde la suspensión inmediata y una nueva propuesta, para 2011.
4. "Que el Consejo Superior Universitario (CSU) haga un pronunciamiento público exigiendo el 5% del presupuesto General de la Nación como dicta nuestra Constitución". Es obligado dicho pronunciamiento, así como un recurso legal frente al Estado por no acatar dicho mandato constitucional.
5. "Dado el entorpecimiento por parte de las autoridades de los procesos electorales, se exigen elecciones inmediatas en las diferentes unidades académicas". El CSU debe nombrar una Comisión de Notables (universitarios y figuras nacionales) para velar por procesos electorales apegados a la ética y realizados con total transparencia.
6. "Nos solidarizamos con el Sindicato de Trabajadores de la Usac y se apoya el pacto colectivo". No puede existir un sector universitario que dé la espalda a los intereses justos de los trabajadores; la mejor modalidad para hacerlos efectivos es por la vía del pacto colectivo.
7. "Se pide el respeto de los derechos laborales por parte de nuestras autoridades, ya que un gran número de trabajadores fue despedido injustificadamente y bajo represión política". Los derechos humanos, incluidos los laborales, son sagrados. Cualquier autoridad que caiga en su violación debe ser sancionada. Hay que buscar un mecanismo de solución de casos que goce de la confianza de los afectados.
Dar respuesta a las peticiones de EPA es un primer paso impostergable e imprescindible para salir de la crisis. Se pide al CSU que muestre cordura y tolerancia.
II
El movimiento iniciado por EPA ha tomado fuerza. Hay muchos profesionales y universitarios que estamos convencidos de que es el momento de rescatar a la Usac. Lo menos que pueden hacer ustedes, distinguidos miembros del CSU, es tomar la bandera de la dignidad universitaria y superar la crisis. Nuestra universidad tiene, en este momento, una gran deuda con nuestro pueblo. Para comenzar, la dignidad se basa en el ejercicio responsable y sin menoscabo alguno de la autonomía universitaria. Permitir la vulneración de la autonomía es indefendible: solo la ley puede decirle a la Usac cómo elegir a sus autoridades.
La dignidad universitaria también se basa en el cumplimiento fiel de su mandato constitucional: "dirigir, organizar y desarrollar la educación superior...y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura... Promoverá la investigación... y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales". Evaluaciones de la forma en que este mandato se ha venido cumpliendo en los últimos 30 años demuestran una gran carencia de resultados y contribuciones. Enmendar esta situación es responsabilidad primordial del CSU y una necesidad urgente.
Para que una institución cumpla su mandato y desempeñe sus funciones, necesita legitimidad, representatividad y legalidad. Es evidente que se ha venido perdiendo la legitimidad, al sacrificarse en aras de intereses mezquinos y personales, una educación superior de calidad para toda la población. La legitimidad pasa por la democratización; medidas selectivas y elitistas, que pueden aplicarse en universidades privadas, no son aplicables en una universidad pública financiada por el Estado. Hay, por otro lado, crisis de representatividad: las autoridades universitarias son electas sin la participación de todos los interesados y mediante procesos cuestionados y cuestionables.
No obstante, más grave aún es que el CSU se apresta a caer en la ilegalidad. Al convocar a elecciones de Vocales I y II de Junta Directiva de Facultad sin la participación de los estudiantes, el CSU establece un procedimiento no contemplado en la Ley Orgánica y nunca aplicado a lo largo de toda la vida autónoma de la institución. La elección se pretende hacer con base a una decisión del Consejo (lo que es ilegal) y a una opinión de la CC (que no está habilitada por la Constitución para legislar). Solamente la reforma de la Ley Orgánica puede llevar a la modificación de los procesos electorales.
Para no caer en la ilegalidad, el CSU debe iniciar un diálogo hacia el exterior, para recordarle a la CC que solamente el Congreso puede legislar, y hacia el interior, para entrar a examinar los problemas de la Usac y sus posibles soluciones. Es digna de encomio la iniciativa de muchos universitarios de plantear el diálogo como única salida. Al plantearse la solución de este "problema nacional", la Usac debe dar el ejemplo de que la tolerancia y el diálogo pueden y deben reemplazar a la intransigencia y la violencia. Instamos a los grupos universitarios prodiálogo a que lleven al CSU a un proceso de verdadera reforma universitaria e instamos al CSU a no desperdiciar esta oportunidad histórica de reafirmar la dignidad de la Usac.
Para que una institución cumpla su mandato y desempeñe sus funciones, necesita legitimidad, representatividad y legalidad. Es evidente que se ha venido perdiendo la legitimidad, al sacrificarse en aras de intereses mezquinos y personales, una educación superior de calidad para toda la población. La legitimidad pasa por la democratización; medidas selectivas y elitistas, que pueden aplicarse en universidades privadas, no son aplicables en una universidad pública financiada por el Estado. Hay, por otro lado, crisis de representatividad: las autoridades universitarias son electas sin la participación de todos los interesados y mediante procesos cuestionados y cuestionables.
No obstante, más grave aún es que el CSU se apresta a caer en la ilegalidad. Al convocar a elecciones de Vocales I y II de Junta Directiva de Facultad sin la participación de los estudiantes, el CSU establece un procedimiento no contemplado en la Ley Orgánica y nunca aplicado a lo largo de toda la vida autónoma de la institución. La elección se pretende hacer con base a una decisión del Consejo (lo que es ilegal) y a una opinión de la CC (que no está habilitada por la Constitución para legislar). Solamente la reforma de la Ley Orgánica puede llevar a la modificación de los procesos electorales.
Para no caer en la ilegalidad, el CSU debe iniciar un diálogo hacia el exterior, para recordarle a la CC que solamente el Congreso puede legislar, y hacia el interior, para entrar a examinar los problemas de la Usac y sus posibles soluciones. Es digna de encomio la iniciativa de muchos universitarios de plantear el diálogo como única salida. Al plantearse la solución de este "problema nacional", la Usac debe dar el ejemplo de que la tolerancia y el diálogo pueden y deben reemplazar a la intransigencia y la violencia. Instamos a los grupos universitarios prodiálogo a que lleven al CSU a un proceso de verdadera reforma universitaria e instamos al CSU a no desperdiciar esta oportunidad histórica de reafirmar la dignidad de la Usac.
III
Nos enteramos con regocijo del gran apoyo que los Estudiantes por la Autonomía (EPA) de la Usac están recibiendo de diversos sectores de nuestra sociedad civil. La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), desde el extranjero, se suma a las organizaciones más dinámicas del movimiento social, para respaldar a EPA en la lucha por el rescate de la universidad nacional y autónoma. Igualmente, la RPDG promueve la firma de cartas de solidaridad de profesionales y ex estudiantes guatemaltecos en el exterior y de entidades académicas en el mundo.
La crisis que sacude a la Usac, puede ser el punto de partida para la transformación universitaria que ya planteábamos desde el período 1978-1980, antes de que el terrorismo de estado diezmara salvajemente al sector universitario. Entrar a superar la crisis universitaria por la vía del diálogo real, que la inmensa mayoría de personas interesadas plantea como requisito indispensable, salvo algunos pequeños y oscuros grupos que consideran que la violencia y la represión constituyen la fórmula para enfrentar y acallar las razones del movimiento estudiantil, es la gran oportunidad para dar un trascendental salto de calidad.
La solución por la vía del diálogo, que el Consejo Superior Universitario ha recogido con su apertura hacia un Congreso de Reforma, constituye una gran oportunidad para todas las partes legítimamente interesadas en el porvenir de la Usac, incluidas la sociedad civil y la propia Corte de Constitucionalidad (CC). Debe ser un diálogo de buena fe, democrático y participativo, que permita que los actores principales definan el paradigma universitario del siglo XXI. Para comenzar, todas las medidas de las autoridades universitarias que se encuentran en cuestionamiento deben ser eliminadas o, como mínimo, suspendidas.
EPA y aliados debemos ser intransigentes, sin embargo, en el principio de que la autonomía no puede ser violada, ni siquiera por la CC. Cualquier intento de solución que apunte a aceptar la elección de vocales I y II en la forma convocada por el CSU, debe ser rechazado. Yo sería el primero en presentar un recurso de inconstitucionalidad a una elección que sería ilegal -sin sustento en la Ley Orgánica-- y contraria a los derechos humanos. Un principio básico del derecho internacional es que, en materia de derechos, la ley no puede ser retroactiva y el derecho de los estudiantes a elegir a esos vocales, concedido por la Revolución de Octubre y ejercido durante más de 6 decenios, es base suficiente para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este momento, la CC puede contribuir a superar la crisis, dejando sin efecto su resolución anterior. Por un lado, para no violentar el derecho adquirido por los estudiantes; por el otro, para garantizar que la autoridad que pueda ejercer interinamente el cargo de Decano, Vocal I o II, sea electa con participación estudiantil, como manda la Constitución. De esta forma, la CC puede empezar a recuperarse de su gran desprestigio, que hace que muchos ciudadanos, como yo, pensemos que la Constitución debe ser reformada y la CC desaparecer, ya que su accionar rompe el equilibrio entre los poderes del Estado y ha sido y es fuente de abuso.
La solución por la vía del diálogo, que el Consejo Superior Universitario ha recogido con su apertura hacia un Congreso de Reforma, constituye una gran oportunidad para todas las partes legítimamente interesadas en el porvenir de la Usac, incluidas la sociedad civil y la propia Corte de Constitucionalidad (CC). Debe ser un diálogo de buena fe, democrático y participativo, que permita que los actores principales definan el paradigma universitario del siglo XXI. Para comenzar, todas las medidas de las autoridades universitarias que se encuentran en cuestionamiento deben ser eliminadas o, como mínimo, suspendidas.
EPA y aliados debemos ser intransigentes, sin embargo, en el principio de que la autonomía no puede ser violada, ni siquiera por la CC. Cualquier intento de solución que apunte a aceptar la elección de vocales I y II en la forma convocada por el CSU, debe ser rechazado. Yo sería el primero en presentar un recurso de inconstitucionalidad a una elección que sería ilegal -sin sustento en la Ley Orgánica-- y contraria a los derechos humanos. Un principio básico del derecho internacional es que, en materia de derechos, la ley no puede ser retroactiva y el derecho de los estudiantes a elegir a esos vocales, concedido por la Revolución de Octubre y ejercido durante más de 6 decenios, es base suficiente para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este momento, la CC puede contribuir a superar la crisis, dejando sin efecto su resolución anterior. Por un lado, para no violentar el derecho adquirido por los estudiantes; por el otro, para garantizar que la autoridad que pueda ejercer interinamente el cargo de Decano, Vocal I o II, sea electa con participación estudiantil, como manda la Constitución. De esta forma, la CC puede empezar a recuperarse de su gran desprestigio, que hace que muchos ciudadanos, como yo, pensemos que la Constitución debe ser reformada y la CC desaparecer, ya que su accionar rompe el equilibrio entre los poderes del Estado y ha sido y es fuente de abuso.
IV
Ante nubarrones en la Usac, ya sea violencia del Estado mediante fuerzas de seguridad o de grupos que adversan a EPA, escribí ayer una carta al Presidente y Vicepresidente de la República, con copia al Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Consejo Superior Universitario y universitarios interesados, para destacar la responsabilidad del Estado en la solución de la crisis.
Digo: "Me dirijo al ingeniero Álvaro Colom, graduado de la Facultad de Ingeniería y ex alumno mío ... y al doctor Rafael Espada, graduado de la Facultad de Medicina, para que contribuyan a que la crisis no se profundice y se encuentre una solución dialogada y negociada a la misma. La esencia del movimiento estudiantil de los Estudiantes por la Autonomía (EPA) es, justamente...llevar a la práctica lo que todos los profesionales nos comprometimos a hacer con el juramento de nuestra graduación: defender la autonomía universitaria".
Afirmo: "Algunos sectores enquistados en la universidad...pretenden ahora recurrir a los tribunales de justicia para lograr el desalojo violento de los estudiantes que han ocupado las instalaciones universitarias... Esto nos hace recordar la manipulación de las fuerzas de seguridad...que llevó a la masacre de la Embajada de España en enero de 1980. La práctica del "uso de la ley" y la acción de las fuerzas policiales y del ejército para el desalojo violento de personas...han venido agobiando a los campesinos, trabajadores y pobladores de nuestro país a lo largo de la historia...; pero extender la práctica al sector universitario puede conducir a una crisis que rebalse los linderos universitarios".
Insto al Presidente y Vicepresidente a actuar: "En primer lugar, deben manifestar su rechazo a la violencia y evitar que las fuerzas de seguridad se vean envueltas en un desalojo violento. En segundo lugar, sin interferir en las potestades de los otros Poderes del Estado...la Presidencia y Vicepresidencia, con el auxilio del Reconciliador Nacional...Quezada Toruño, deben mediar ante los actores en la crisis, que incluyen al Consejo Superior Universitario y EPA... y al Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad...para encontrar la salida apropiada a la crisis".
Concluyo: "A mi juicio, la Corte Suprema de Justicia debiera instruir a todos los tribunales para no decretar acciones de desalojo en tanto se realice un diálogo constructivo y efectivo...La Corte de Constitucionalidad, que generó el problema con un dictamen contrario a la Constitución y al derecho...y que esperó más de dos años para aducir desacato del CSU..., puede, como mínimo...dejar sin efecto su dictamen y reabrir la discusión del tema o alargar el período para la ejecución del desacato, para permitir que la USAC, en ejercicio de su autonomía, decida un nuevo proceso de elección de autoridades, y, en uso de su privilegio de tener iniciativa de ley, presente su propuesta al Congreso de la República. Al Congreso de la República le corresponderá aprobar, como asunto de urgencia nacional, la modificación propuesta por la Usac a su Ley Orgánica. Solamente entonces se podrá convocar a elecciones de autoridades universitarias dentro del marco constitucional y jurídico del país". ¡Hoy, todos somos EPA!
Afirmo: "Algunos sectores enquistados en la universidad...pretenden ahora recurrir a los tribunales de justicia para lograr el desalojo violento de los estudiantes que han ocupado las instalaciones universitarias... Esto nos hace recordar la manipulación de las fuerzas de seguridad...que llevó a la masacre de la Embajada de España en enero de 1980. La práctica del "uso de la ley" y la acción de las fuerzas policiales y del ejército para el desalojo violento de personas...han venido agobiando a los campesinos, trabajadores y pobladores de nuestro país a lo largo de la historia...; pero extender la práctica al sector universitario puede conducir a una crisis que rebalse los linderos universitarios".
Insto al Presidente y Vicepresidente a actuar: "En primer lugar, deben manifestar su rechazo a la violencia y evitar que las fuerzas de seguridad se vean envueltas en un desalojo violento. En segundo lugar, sin interferir en las potestades de los otros Poderes del Estado...la Presidencia y Vicepresidencia, con el auxilio del Reconciliador Nacional...Quezada Toruño, deben mediar ante los actores en la crisis, que incluyen al Consejo Superior Universitario y EPA... y al Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad...para encontrar la salida apropiada a la crisis".
Concluyo: "A mi juicio, la Corte Suprema de Justicia debiera instruir a todos los tribunales para no decretar acciones de desalojo en tanto se realice un diálogo constructivo y efectivo...La Corte de Constitucionalidad, que generó el problema con un dictamen contrario a la Constitución y al derecho...y que esperó más de dos años para aducir desacato del CSU..., puede, como mínimo...dejar sin efecto su dictamen y reabrir la discusión del tema o alargar el período para la ejecución del desacato, para permitir que la USAC, en ejercicio de su autonomía, decida un nuevo proceso de elección de autoridades, y, en uso de su privilegio de tener iniciativa de ley, presente su propuesta al Congreso de la República. Al Congreso de la República le corresponderá aprobar, como asunto de urgencia nacional, la modificación propuesta por la Usac a su Ley Orgánica. Solamente entonces se podrá convocar a elecciones de autoridades universitarias dentro del marco constitucional y jurídico del país". ¡Hoy, todos somos EPA!
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